AGENCIAS
WASHINGTON.- La reciente decisión de un juez del estado de Washington ha dado un giro inesperado a la controversia sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, bloqueando temporalmente una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump. Este decreto, que tenía como objetivo poner fin a la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes sin estatus legal en el momento de su nacimiento, debía entrar en vigor el 20 de febrero de 2025. Sin embargo, la decisión del juez John C. Coughenour marca un primer triunfo significativo para aquellos que desafían la legalidad y la constitucionalidad de esta medida.
El contexto de esta batalla legal radica en las múltiples demandas interpuestas en contra de la orden ejecutiva de Trump. Hasta la fecha, existen cinco litigios activos, muchos de los cuales argumentan que la Enmienda 14 de la Constitución de EE. UU., que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país, es la base que protege este derecho. Los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón han presentado una de estas demandas, aduciendo que el presidente no tiene la autoridad para anular una enmienda constitucional mediante una orden ejecutiva.
Paralelamente, en Maryland, la jueza de distrito Deborah L. Boardman ha fijado una fecha para la primera audiencia del caso liderado por organizaciones como CASA y el Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP). Esta audiencia está programada para el 5 de febrero y discutirá el impacto de la orden en mujeres embarazadas que podrían verse afectadas por la medida. Las organizaciones demandantes han alertado que esta acción del gobierno dejaría en un limbo legal a decenas de miles de bebés por nacer de padres que se encuentran en diferentes situaciones migratorias, incluyendo soñadores (beneficiarios de DACA), portadores de visas, refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados.
La administración Trump ha defendido su decisión alegando que los hijos de no ciudadanos no están sujetos a jurisdicción estadounidense. En el texto de su orden, Trump sostiene que, si uno de los padres no es un ciudadano estadounidense, las agencias federales no deberían reconocer al niño como ciudadano. Esta interpretación ha sido recibida con escepticismo y rechazo por quienes argumentan que tal acción vulnera derechos fundamentales y principios establecidos en la Constitución de EE.UU.
La lucha legal se presenta como un desafío complicado para el presidente. A pesar de sus esfuerzos por implementar esta medida, hay un claro consenso entre juristas y expertos en derechos civiles de que rescindir la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva no solo es inapropiado, sino que también carece de fundamento legal. Los litigantes argumentan que el principio de jus soli, que establece que cualquier niño nacido en el país es ciudadano, es esencial para la identidad nacional y la estructura democrática de Estados Unidos.
No es la primera vez que la administración Trump intenta modificar el estatus de la ciudadanía por nacimiento. Durante su primer mandato, el presidente lanzó intentos similares que no prosperaron. Ahora, con múltiples casos avanzando en los tribunales, es probable que el asunto finalmente llegue a la Corte Suprema, donde se decidirá su constitucionalidad. Sin embargo, advierten los expertos que la única forma efectiva de eliminar este derecho sería a través de una enmienda constitucional, un proceso que requeriría el apoyo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación por parte de los estados, una tarea monumental y compleja con bajas probabilidades de éxito.
En última instancia, esta batalla legal no solo determinará el futuro de la ciudadanía por nacimiento, sino que también podría sentar un precedente importante sobre el alcance de las órdenes ejecutivas presidenciales y su capacidad para modificar derechos fundamentales. En medio de este clima tenso y polarizado sobre la inmigración, muchos observadores y defensores de los derechos humanos esperan que la justicia prevalezca y se mantenga el principio de ciudadanía para todos los nacidos en el suelo estadounidense, como ha sido tradición por generaciones.
Con la decisión del juez de Washington, la lucha por el derecho a la ciudadanía por nacimiento se intensifica, mientras diversas partes interesadas, incluidos ciudadanos, organizaciones y líderes estatales, siguen de cerca los avances y consecuencias de este importante debate constitucional. La valentía de quienes desafían al gobierno y la voluntad de los jueces de revisar estas medidas reflejan una continua lucha por la justicia y la igualdad en el país.
