La Cámara Baja de EE.UU. Aprueba Ley de Detención Migratoria: Un Cambio Significativo en la Política de Inmigración

23 enero, 2025by Alex

El pasado 22 de enero de 2025, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado un paso crucial en la política de inmigración al aprobar un controvertido proyecto de ley que exige la detención de migrantes que se encuentran en el país sin la debida autorización y que han sido acusados de delitos como robo y otros crímenes violentos. 

Con un contundente apoyo bipartidista, la Ley Laken Riley representa la primera medida que el presidente Donald Trump podría promulgar desde su ascenso nuevamente al poder.

La Ley Laken Riley recibe su nombre en memoria de una estudiante de enfermería de Georgia que perdió la vida de manera trágica a manos de un migrante venezolano el año pasado. Esta legislación es un claro reflejo de cómo el debate sobre la inmigración se ha inclinado hacia posturas más estrictas y conservadoras desde la elección del presidente Trump. En la votación, se registraron 263 votos a favor y 156 en contra, lo que demuestra que un grupo significativo de 46 demócratas, preocupados por su futuro político, decidió unirse a los republicanos en esta causa.

La senadora republicana Katie Britt destacó la importancia de esta medida, describiéndola como el “proyecto de ley migratorio más significativo” que el Congreso ha aprobado en tres décadas. Sin embargo, esta aprobación va acompañada de desafíos considerables: el proyecto requerirá incrementar las capacidades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), un desafío que se complica aún más por la ausencia de nuevos financiamientos para tal propósito.

Bajo esta nueva medida, las autoridades federales estarán obligadas a detener a cualquier migrante arrestado por delitos como el robo en tiendas. Además, el alcance de la propuesta fue ampliado en el Senado para incluir también a aquellos acusados de agredir a agentes de la ley o de cometer delitos que causen lesiones graves o muerte. Este enfoque ha suscitado preocupaciones entre los demócratas sobre un posible enfoque punitivo que podría descuidar el debido proceso de los migrantes, incluidos menores y beneficiarios de programas como DACA.

La crítica a la falta de financiamiento es palpable; los opositores señalan que el requerimiento sin recursos adecuados solo complicará aún más la situación migratoria. El senador demócrata Chris Murphy ha manifestado que el mandato de arresto no logrará sus objetivos si no está respaldado por los recursos necesarios para su implementación eficaz.

Bajo esta ley, se otorgan poderes adicionales a los fiscales generales estatales, permitiéndoles demandar al gobierno federal por daños causados por decisiones de inmigración. Este nuevo poder podría resultar en una mayor fragmentación y partisanería en la política de inmigración, un fenómeno ya observado en los últimos años. Los demócratas intentaron eliminar esta disposición sin éxito, argumentando que complicaría aún más el delicado equilibrio en esta área.

Por otro lado, mientras que una mayoría de la población estadounidense apoya la deportación de inmigrantes condenados por delitos violentos, solo un 37% está de acuerdo con la deportación de aquellos que se encuentran en el país de manera ilegal pero sin antecedentes penales. Este dato pone de relieve las complejidades que el nuevo proyecto de ley traerá a la discusión pública.



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