La agencia federal que revisó el caso dictaminó que los jueces de inmigración “no son funcionarios administrativos porque actúan como jueces reuniendo hechos de testigos y documentos, y aplicando esos hechos a las leyes, reglamentos, precedentes y decisiones existentes”.
Un año después de iniciada la batalla para desbaratar el sindicato de jueces de inmigración, el Departamento de Justicia perdió el pulso y no podrá obligarlos a implementar, como quiere el presidente Donald Trump, la política migratoria de tolerancia cero en los tribunales.
La Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) determinó a finales de julio que los jueces de inmigración tienen plenos derechos laborales, decisión que les permite permanecer sindicalizados y ejercer conforme dicta el debido proceso migratorio y no obedecer órdenes del fiscal general.
